La UNESCO la estableció en 2015 para promover el derecho de acceso a la información en poder de instituciones públicas.
La UNESCO la estableció en 2015 para promover el derecho de las personas a acceder a información en poder de instituciones públicas, un principio legal que hoy existe, en alguna forma, en más de 100 países bajo leyes de transparencia o acceso a la información pública.
Este derecho —a veces llamado 'derecho a saber'— permite en la práctica que cualquier ciudadano solicite formalmente documentos o datos que maneja el Estado, una herramienta usada frecuentemente por periodistas de investigación, aunque poco conocida y utilizada por el público general.
Es una fecha con alto valor práctico poco explotado en contenido: explicar en simple cómo funciona el mecanismo de solicitud de información pública en un país específico aporta utilidad real, algo que muy pocos creadores cubren.