La ONU la estableció en 2003, en la fecha de adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La ONU la estableció en 2003, en la fecha de adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el instrumento legal internacional más completo en la materia, ratificado hoy por la gran mayoría de los países del mundo, aunque con niveles muy dispares de implementación efectiva según cada contexto nacional.
Según estimaciones del Foro Económico Mundial y organismos como el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a la economía global cifras equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB mundial cada año, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, que dependen en mayor medida de servicios públicos susceptibles de captura por prácticas corruptas.
Es una fecha institucional donde, si una organización tiene políticas reales de transparencia y rendición de cuentas, puede ser un momento apropiado para explicarlas con evidencia concreta —sin que el mensaje suene oportunista o desconectado de prácticas verificables.